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Washington, D.C. — Los senadores Marco Rubio (R-FL) y Bob Menéndez (D-NJ), junto a la congresista Nydia Velázquez (D-NY), aplaudieron la aprobación del proyecto de ley bicameral y bipartidista de Exactitud de Divulgación en Puerto Rico (PRRADA, por sus siglas en inglés) en la Cámara de Representantes, luego de ser aprobada en el Senado de EE.UU. El proyecto de ley se dirige ahora al escritorio del Presidente Biden para su promulgación.
“Ya que la Cámara de Representantes ha aprobado esta importante legislación bipartidista, nuestros compatriotas en Puerto Rico están un paso más cerca de beneficiarse al cerrar vacíos existentes y así poder traer la transparencia que tanto necesita el país”, Rubio dijo. “Insto al presidente Biden a que firme este proyecto de ley lo más pronto posible y se asegure que se implemente por completo”.
“Me entusiasma que la Cámara de Representantes haya aprobado la Ley de Exactitud de Divulgación en Puerto Rico, superando el último obstáculo para que este proyecto de ley bipartidista y bicameral sea firmado por el presidente Biden”, Menéndez dijo. “Este proyecto de ley cerrará un vacío jurídico que durante demasiado tiempo permitió a los asesores y consultores de bancarrota enriquecerse a costas del empeoramiento de las desigualdades económicas en Puerto Rico sin tener que revelar sus conflictos de intereses con los acreedores de la isla. El pueblo de Puerto Rico tendrá por fin la transparencia que se merece en el proceso de reestructuración de la deuda”.
“Estoy muy orgullosa de que hoy la Cámara haya dado el paso final para enviar la Ley de Exactitud de Divulgación en Puerto Rico al escritorio del Presidente para que se convierta en ley”, Velázquez dijo. “Al aplicar un sólido requisito de divulgación a todos los procedimientos del Título III de PROMESA y eliminar el trato inequitativo al que se enfrenta el pueblo de Puerto Rico, este proyecto de ley ayudará a restablecer la confianza en que los asesores de quiebra de la Junta no tienen su ‘pulgar en la balanza’ para favorecer ciertas deudas en las que tienen un interés propio y garantizará la integridad del proceso de PROMESA aportando transparencia y confianza al futuro de la isla”.
“El H.R. 1192 es una pieza importante en el esfuerzo de asegurar que el proceso de reestructuración bajo PROMESA sirva a los intereses de Puerto Rico”, la representante de Puerto Rico Jenniffer González Colón, coautora original de la legislación en la Cámara, dijo. “Me enorgullece que la Cámara aprobó hoy la enmienda del Senado a este proyecto de ley bipartita, que promueve la transparencia en la contratación de recursos humanos que ayudarán a tomar decisiones sobre las transacciones fiscales de Puerto Rico. Nuestra meta es llegar al día en que ya no necesitemos las disposiciones de PROMESA y ni la Junta de Supervisión, pero hasta que eso suceda, estos instrumentos deben rendir cuentas y ser transparentes”.
En el 2016, el Congreso aprobó la Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), un esfuerzo para proporcionar al pueblo de Puerto Rico un proceso de bancarrota estandarizado que permitiera a la isla reestructurar sus deudas, pagar a los acreedores, aprobar proyectos de infraestructura cruciales y promover el crecimiento económico y el desarrollo.
La legislación bipartidista y bicameral aprobada hoy impondrá requisitos de divulgación a todos los asesores y consultores de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico, cerrando la laguna jurídica de PROMESA que ha perjudicado al pueblo de Puerto Rico en el proceso de reestructuración de la deuda. PRRADA requerirá que los abogados, contadores y todos los profesionales involucrados en la reestructuración de la deuda revelen los posibles conflictos de interés, asegurando que el pueblo de Puerto Rico tenga acceso a las mismas prácticas de transparencia y divulgación requeridas por la ley en los casos de bancarrota del territorio continental de EE.UU.
La aprobación de PRRADA se produce después que un juez federal aprobará el plan de reestructuración de la deuda de Puerto Rico, que consolida alrededor de $33,000 millones en reclamaciones existentes. Tras 5 años de procedimientos de quiebra, la promulgación de PRRADA es crucial para asegurar que las partes relacionadas con todas las consolidaciones presenten sus declaraciones de conflictos de interés y garanticen que cualquier reestructuración de la deuda sirva realmente a los intereses del pueblo de Puerto Rico.